Glifosato. Entidades del campo pedirán a la Corte Suprema que declare inconstitucional su prohibición en Misiones

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) presentará una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que declare la inconstitucionalidad de la Ley provincial que prohíbe el uso de glifosato en Misiones.

En junio, la Cámara de Diputados de esa provincia aprobó una ley que establece un periodo de dos años para erradicar el uso del producto en todo su territorio.

El recurso judicial será presentado en forma conjunta por la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y CONINAGRO.

Inconstitucionalidad

En la provincia de Misiones sancionaron una ley que impide en forma absoluta el uso de glifosato, un producto autorizado para su venta y comercialización por el Estado Nacional, en su territorio. Esta normativa abiertamente restrictiva generó una andanada de críticas y reacciones.

En este contexto, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) presentará ante el máximo Tribunal del país una acción judicial con las cual “se procura evitar graves e irreparables perjuicios para los productores agrícolas, para la economía nacional y para el medio ambiente”.

En este sentido, argumentaron que “el glifosato posibilita técnicas de producción que preservan el recurso suelo, combatiendo así la erosión de los mismos, una mayor economía del agua, y menor uso de combustibles fósiles”.

Vale mencionar, que la venta y uso del glifosato se encuentra autorizada en todo el país por las autoridades nacionales competentes.

Por ello, “la ley provincial que prohíbe su uso viola diversas normas federales que regulan la materia desde hace más de cincuenta años; entre otras, el Régimen de Sanidad Vegetal (Decreto/Ley 3489/58), el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal (Decreto 5769/59) y la Ley de Declaración de Interés Nacional de la Sanidad de los Vegetales y Animales (Ley 27.233), así como las distintas reglamentaciones emitidas por las autoridades nacionales a lo largo de más de cuatro décadas”, sostuvieron las entidades del campo en un comunicado.

“Esta violación de la normativa nacional por parte de la Provincia de Misiones, afecta el principio de supremacía del derecho federal (art. 31 CN) y desconoce las competencias del Congreso de la Nación para regular el comercio interprovincial (art. 75 inc. 13 CN)”, agregaron.

Por lo que consideraron que este proceder por parte de la autoridades y legisladores de Misiones, “viola el derecho de propiedad y las libertades de comercio e industria de los productores rurales”, que se encuentran consagrados a través de los arts. 14, 17, 42, entre otros la Constitución Nacional.

Sobre la base de que la República Argentina es un sistema federal en el cual las provincias no pueden entorpecer el comercio interprovincial o internacional, ni interferir o alzarse contra políticas generales adoptadas por el Congreso, las entidades explicaron que “más allá de la existencia abrumadora de pruebas sobre la seguridad que presenta el uso del glifosato, el conflicto que debe resolver la Corte Suprema no es un problema científico sobre las características de este producto, sino estrictamente jurídico”.

Glifosato a nivel mundial

Como se suele decir, “la única verdad, es la realidad”, hay que señalar que en la actualidad existen más de 160 países que habilitan el uso de glifosato por considerarlo un producto de baja toxicidad y no cancerígeno.

En este sentido, el glifosato, además no es cancerígeno, no provoca daños ni cambios en el material genético, no afecta al sistema nervioso, no provoca malformaciones y tampoco tiene efectos sobre órganos específicos tanto en exposición única o en exposición, según un informe publicado en el año 2016 por la Reunión Conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR, por sus siglas en inglés).