Inesperados, como para hacer uso de algún adjetivo que cuadre, fueron los resultados que arrojó el último reporte del Índice que elabora de manera trimestral la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), sobre la presión fiscal para el sector agropecuario: en el último periodo subió del 59% al 65%.
Este porcentaje choca, cuanto menos en los papeles, con los objetivos que desde el Ejecutivo a cargo de Javier Milei se enarbolaron como horizonte, es decir morigerar la carga estatal sobre la renta del productor.
De acuerdo a la entidad, ese 65% se divide en tres tentáculos muy dispares, con un 94% de la carga proveniente desde la Nación, un 5% desde las provincias y el resto a niveles municipales. “El Índice subió 6 puntos desde la última medición de diciembre, y los principales motivos son la suba de costos y la caída de precios”, explicó Nicolle Pisani Claro, Economista Jefe de FADA.
Impuestos y costos
“Para entender por qué aumentó la presión tributaria hay que detenernos en qué mide el índice FADA: cuánto de la renta agrícola se va en impuestos. La renta es el resultado de restarle los costos de producir al valor de esa producción que hacemos. Si cae el precio o suben los costos, la renta se achica. Pero el tema es que los impuestos no se reducen en la misma proporción que la renta, es más, casi que no lo hacen. Es por esto que cuando el valor cae o los costos suben, la participación de los impuestos sobre la renta aumenta. Esto es lo que arrojó esta medición, por eso el Índice FADA es 6 puntos mayor que la última edición”, agregó Pisani Claro.
¿Y los costos?
“En cuanto a los costos de insumos, el informe revela que los fletes se incrementaron 42% en pesos, frente a diciembre 2023. La labor de siembra 59% y la cosecha 132%. Respecto a marzo 2023, se ven aumentos en fletes del 206% y de labores entre 170% y 260%”, agregó Ariño.
En el informe difundido se analiza que la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados, se puede identificar que un 49% de los costos de una hectárea de soja están dolarizados, mientras que el restante 51% están pesificados. Si se considera el costo de la tierra dentro del esquema de costos, aquellos que son dolarizados en una hectárea de soja pasan a representar el 62%.
En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 53% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 47%. Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 60%.
Precios para abajo
Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 65%, la participación del Estado en soja es del 68,4%, maíz 57,3%, trigo 83,9% y girasol 54,1%.
Un aspecto que destaca el trabajo de la Fundación es que, aún con mayores niveles de producción tras la recuperación de la sequía, la caída de precios reduce el valor bruto de la producción. “En este contexto, con menores precios, costos que se incrementan y actualizaciones de impuestos provinciales y municipales, se genera una presión mayor en la participación del Estado en la renta agrícola”, se detalla en el reporte.
Recursos que se van y no vuelven
La Fundación subraya que, dentro de los impuestos nacionales, el 67% no se coparticipan a las provincias, es decir, no vuelven a las regiones que lo produjeron. “De aquí se desprende la discusión sobre el federalismo de un esquema en el que la mayor parte de lo recaudado no se reparte a las provincias, en una actividad que por definición es federal y está arraigada a las distintas regiones del país”, destacó por su parte Natalia Ariño, otra de las economistas que elabora el Índice.
“Si nos detenemos en las provincias analizadas, vemos que Córdoba registra un 64,9%, Buenos Aires 61,9%, Santa Fe 61,1%, La Pampa 62,9%, Entre Ríos 65,4% y San Luis 59,9%. Para medirlo, se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales, y los fletes, que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos. Así como la proporción de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia”, señaló Pisani Claro.
En esta medición en particular se consideraron los incrementos para el año 2024 de inmobiliario rural, tasas y guías municipales. En el caso particular del inmobiliario se han registrado, dependiendo la provincia, incrementos que van desde el 180% (como el caso de Córdoba) hasta 250%.
