El Parlamento Europeo aprobó una nueva normativa vinculada a la deforestación, a partir de la cual prohíbe las importaciones a la Unión Europea de carne vacuna, soja y otras materias primas, si están vinculadas o tienen como origen zonas afectadas por la destrucción de bosques.
De acuerdo a lo publicado por la agencia de noticias Reuter, esta ley exigirá que las empresas que venden productos en la Unión Europea generen una declaración de diligencia debida e información «verificable», que demuestre que sus productos no se cultivaron en tierras deforestadas después de 2020. Caso contrario, se arriesgan a multas considerables.
A qué productos aplica
La regla tiene como objetivo “eliminar la deforestación de las cadenas de suministro de una variedad de artículos cotidianos que se venden en Europa”, según cita la agencia. Además de carne y soja, se incluyen el aceite de palma, la madera, el cacao, el café, el caucho, el carbón vegetal y los productos derivados, incluidos el cuero, el chocolate y los muebles.
La ley necesita la aprobación formal de los países de la UE, un proceso que generalmente pasa por leyes previamente acordadas, antes de que pueda entrar en vigor. Una vez que eso suceda, las empresas grandes tendrían 18 meses para cumplir con la normativa y las empresas más pequeñas 24 meses. Las que no cumplan con lo establecido, podrían enfrentar multas de hasta el 4% de la facturación en un estado miembro de la UE; cada país llevará a cabo controles de cumplimiento.
Primeros reclamos
La ley no se dirige a ningún país en particular, pero se ha enfrentado al rechazo de algunos estados productores a los que afectaría. El grupo brasileño de agronegocios ABAG criticó la medida, ya que ese país es uno de los mayores proveedores de alimentos del mercado europeo, y con leyes que en algunas zonas permiten la tala para el desarrollo de materias primas.
«Fue un movimiento unilateral que tomaron sin escuchar a Brasil», dijo el jefe de ABAG, Luiz Carlos Carvalho, en una entrevista, y agregó que su asociación se había puesto en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil para buscar formas de disputar la legislación.
A partir de ahora, se abre un periodo en el que los estados productores, incluida la Argentina, deberán analizar las derivaciones de la norma, porque además se incluyó en la misma que los productos deberán provenir de tierras que no afecten derechos indígenas.
Como se obligará a las empresas europeas importadoras a verificar el origen de los productos agroindustriales comprados, se dará un proceso que seguramente tendrá incidencia en los costos de producción. En detalle, se clasificará a los países, o regiones dentro de los mismos, de la siguiente manera: de riesgo bajo, estándar o alto.
Los productos de países de bajo riesgo estarán sujetos a un procedimiento simplificado de control, el cual se intensificará de manera proporcional en las siguientes dos categorías. Se adelantó finalmente que habrá sanciones por incumplimiento: “Serán proporcionales y disuasorias y la multa máxima deberá ser de al menos el 4% del volumen de negocios anual total en la UE-27 del operador o comerciante infractor”.
