El National Biodiesel Board (NBB), la asociación que nuclea a los productores de biodiésel estadounidense, celebra la decisión de la Administración Trump de ratificar los aranceles antidumping al biodiesel argentino.
Con esta medida, adoptada a principios de mayo pero que se conoce recién ahora, Argentina pierde un negocio de u$s 1.200 millones.
Concretamente, el Departamento de Comercio norteamericano resolvió mantener sin modificaciones las sanciones contra el biocombustible argentino, lo que en los hechos significa que el producto seguirá sin poder ingresar al mercado estadounidense.
La resolución
En su resolución de principios de mayo pero que se conoció ahora, la cartera comercial del gobierno de Trump, determinó finalmente que “no hay cambio de circunstancias” en cuanto al supuesto dumping y subsidios al biodiésel argentino que merezca alguna modificación en las tasas estadounidenses que se habían impuesto hace dos años.
De esta manera, los aranceles antidumping sobre este biocombustible que Argentina exporta a Estados Unidos permanecerán en el nivel en el cual se encuentran, entre un 72% y un 74%.
Sin embargo, aunque esta decisión tendría un aparentemente carácter definitivo, la Argentina tendría algunas vías para por lo menos intentar revertir este reves a través de varias estrategias.
De esta manera, podría solicitar una nueva revisión administrativa ante el Departamento de Comercio, o bien intentar una apelación a la Corte de Comercio o hasta una posible renegociación de algún cupo con distintas tarifas.
Pero el panorama no sería el más promisorio para revertir una decisión de estas características que podría poner de mal humor a los productores norteamericanos, ya que en noviembre hay comicios presidenciales en Estados Unidos y justamente el sector agrícola, a pesar de las dificultades por la guerra comercial con China y por la pandemia del Coronavirus, viene apoyado fuertemente al presidente Donald Trump, que busca su reelección.
Historia de una Controversia
La cuestión se remonta al año 2016, cuando los productores de biodiésel norteamericano de la National Biodiesel Board (NBB), le pidieron al gobierno de Donald Trump que tomara represalias contra el biodiésel argentino porque argumentaban que el producto ingresaba con dumping y tenía subsidios.
Sostenían que las retenciones a la soja, tenía un diferencial que favorecía a la industria argentina en la compra de la materia prima (el aceite de soja) a un valor inferior y también una tasa de derechos en la exportación que en ese momento que era del 0% para el biocombustible.
De esta manera, entre 2017 y 2018 se llevó a cabo una investigación, a través de la cual el gobierno de Estados Unidos resolvió sancionar a la Argentina con derechos equivalentes a casi un 150%, entre aranceles antidumping y antisubsidios; y además, ordenó que el biodiésel argentino se quedara afuera de ese mercado por cinco años.
Por su parte, el gobierno de Mauricio Macri, para tratar de mejorar las posibilidades de acceso al biodiésel, pidió que se revisara la medida porque habían “cambiado las circunstancias” y decidió modificar las retenciones, por lo que el biodiésel pasó a tributar primero una tasa fija de 8% y después un 15%.
Con esa medida, el anterior gobierno consiguió que, de manera preliminar, en julio del año pasado, las autoridades norteamericanas de Comercio bajen del 72% a un nivel de entre 0 y 10% los aranceles antisubsidios, pero dejó sin cambios las tasas antidumping en el 74%.
En paralelo, la industria, con aval del anterior gobierno, emprendió un juicio en la Corte Internacional de Justicia de Nueva York que tuvo una resolución favorable por la cual la Justicia le dijo al Departamento de Comercio que las medidas antisubsidios estaban mal calculadas.
Pero finalmente la cartera estadounidense se expidió definitivamente estos días y anunció que mantenían las tasas tal como estaban.
Es decir, a comienzos de este mes, las autoridades norteamericanas no solo desoyeron el reclamo judicial, sino que dieron marcha atrás con la medida preliminar de julio del año pasado alegando que presuntamente no se habrían registrado cambios en la Argentina sino más bien volatilidad macroeconómica que justifica mantener la medida.
