¿Y las “retenciones” a la política, para cuándo?

Luego de la media sanción en diputados a la Ley de Emergencia, denominada “Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva”, quedó en evidencia con toda su dimensión el corporativismo político.

Con el correr de las horas la polémica fue escalando, sobre todo en las redes sociales, porque se había exceptuado del congelamiento previsional a ex presidentes, jueces, fiscales y miembros de alto rango del cuerpo diplomático, quienes mantenían la movilidad jubilatoria.

Se trata de 4.938 ex funcionarios públicos incluidos en la Ley 24.018 que perciben un haber promedio de $ 210.000 y un haber máximo que puede llegar a los $ 600.000 mensuales. Ahora, el presidente Fernández, polémica de por medio, buscará limitar este régimen.

Pero queda la impresión que para nuestros legisladores, en cuestiones que involucran a integrantes de la clase política: “si pasa, pasa”. Frase con la que se hace referencia a que si nadie se da cuenta, para ciertos temas que afectan sus intereses siempre hay una hendija para zafar.

Pero que el árbol no tape el bosque!!.

A las jubilaciones de privilegio también hay que sumarle el enorme gasto del Estado que se devora partidas presupuestarias, que en gran parte se destinan a mantener costosas e improductivas estructuras y a  sueldos de funcionarios y empleados, y que pareciera no estar contemplado en la «emergencia».

Por ejemplo, el Poder Ejecutivo Nacional, impulsor de la Ley de Emergencia, tiene 21 ministerios con todo lo que eso implica: secretarias, subsecretarias, direcciones y subdirecciones.

En nuestro país, el sueldo de un Ministro ronda los $280.000. El de Gobernadores, Intendentes y Concejales, entre $80.000 y $300.000. Y los Legisladores cobran $200.000 promedio. Contra una jubilación mínima de $14.068, un sueldo policial promedio de $30.000 y un sueldo docente promedio de $25.000.

En Argentina hay en promedio 700.000 políticos, lo que da 1 cada 62 personas. En Alemania hay 150.000 funcionarios públicos, lo que da 1 cada 546 personas.

Otro botón de muestra, lo exteriorizó el economista Roberto Cachanosky que, con un simple ejemplo y datos objetivos, dejó en evidencia cómo sobran políticos en Argentina.

El estado de Texas tiene 28,7 millones de habitantes, su Senado tiene tan sólo 31 miembros, lo que da 1 senador cada 925.806 habitantes. En contrapartida, la provincia de Buenos Aires tiene 16 millones de habitantes, su Senado tiene 46 miembros, por lo que hay 1 senador cada 347.826 habitantes. La diferencia es clara.

Este es el costo anual por legislador en las provincias argentinas:

Por su parte, el Poder Judicial insume unos $ 46.000.000.000, sin mencionar que jueces y funcionarios judiciales no pagan impuestos a las ganancias.

Y el Congreso Nacional, también se lleva lo suyo en la torta presupuestaria del Estado, con 72 senadores y 257 diputados, más una veintena de asesores cada uno y demás empleados de planta permanente. Cada legislador cobra en promedio unos $ 180.000, sin contar lo que pueden sumar por pasajes de avión y desarraigo.  

El agujero sin fondo del presupuesto estatal, se suma a la alta presión tributaria que hay en Argentina, uno de los países donde se pagan más impuestos y donde queda la impresión que lo que se paga en conceptos tributarios no vuelve a los contribuyentes.

En el caso del campo, y hablando concretamente de retenciones, en un reciente comunicado, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expuso que “hoy el Estado se queda con el 60% de lo que produce la agricultura en su conjunto y en el caso de la soja un 67%”.

Con el nivel de Derechos de Exportación que quedó plasmado con la Ley de Emergencia “en 23 campañas, el Estado se lleva el equivalente al valor de tu campo”, sostiene la entidad.

Dicho todo esto, está claro por dónde tiene que venir el ajuste y a quienes hay que aplicarle “retenciones”. También está claro a quienes le piden siempre que sean “solidarios”: jubilados, trabajadores, cuentapropistas, productores.

Hablan de crisis, pobreza y emergencia los mayores responsables de haber dejado al país con mas de 20 millones de personas viviendo del asistencialismo estatal: alguna vez, alguien dejó de ser pobre después de acceder al asistencialismo?.

La política y los políticos no tienen legitimidad para pedirle un “esfuerzo solidario” a nadie.

Como bien dijo un periodista radial: La verdadera grieta es la que divide a los que viven DEL Estado y los que viven PARA el Estado.

Entonces,..¿y las “retenciones” a la política”, para cuándo?.