No resulta nada nuevo decir que el Estado, en sus tres órbitas, y particularmente el Gobierno Nacional, es socio sólo en las ganancias pero no en las cuantiosas pérdidas que están enfrentando los productores con la peor sequía en 100 años.
De esta manera, en marzo, casi el 80 % de la renta agrícola o lo que es lo mismo $ 80 de cada $ 100 que generó el campo y la agroindustria fue a parar a las arcas públicas.
Estos son algunos de los números que surgen de un reciente informe publicado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) que refleja la presión impositiva récord que pesa sobre los productores.
Socio en las ganancias
La fuerte caída en la producción debido al clima que se registró durante los últimos meses en Argentina generó que la participación del Estado a través de los impuestos aumentara durante marzo
En este sentido el índice FADA de marzo es 14,3 puntos porcentuales más alto que el de marzo de 2022, traccionado por menores rindes como consecuencia de la sequía y las heladas que han afectado a los cultivos, y menores precios internacionales que a comienzos de 2022 estuvieron impulsados por la guerra Rusia-Ucrania.
En este contexto, se constató un dato alarmante: en marzo de 2023 el Estado se quedó con casi el 80% de la renta que generó en promedio un productor agrícola argentino.
Así, mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 79,1%, la participación del Estado en soja es del 94,1%, maíz 62,4%, trigo 78,7% y girasol 58,3%. “Resalta el caso de la soja, donde los impuestos se llevarán casi la totalidad de la escueta renta que genere el cultivo esta campaña”, subraya el informe de FADA.
“Esto se da porque el impuesto con mayor peso es el derecho de exportación que, al actuar sobre el precio bruto, no reconoce caídas en la rentabilidad. Así, a medida que empeora la sequía, aumenta la participación de los impuestos sobre la renta”, explican los técnicos de la entidad.
Pero la situación es aún más gravosa para los arrendatarios, ya que “alguien que alquila la tierra, o sea, que le representa un costo, en un año donde la producción genera pérdidas el Estado se lleva más del 100% de la renta”, agregan.
Presión impositiva récord
Del total recaudado por hectárea en promedio, el 76,4% son impuestos nacionales no coparticipables, es decir, que quedan en el Estado Nacional. 16,3% son coparticipables, o sea que una porción regresa a las provincias que lo produjeron. 6,2% corresponden a tributos provinciales y 1,1% municipales.
Mientras el índice FADA nacional es de 79,1%, desagregado por provincia queda distribuido de la siguiente manera: Córdoba registra un 81,7%, Buenos Aires 75,6%, Santa Fe 77,5%, La Pampa 78,8%, Entre Ríos 86,7% y San Luis 77,5%.
“Resalta que en el caso de la soja, 3 de las 6 provincias tienen un índice superior a 90% y las 3 restantes superior al 100%”, detallan desde FADA.
Sequía y sistema impositivo
“El impacto que tiene la sequía reduciendo el impuesto a las ganancias genera que los impuestos no coparticipables crezcan, hasta llevarse 3 de cada 4 pesos que aportará en impuestos la producción agrícola este año, un récord, al menos desde que FADA lo mide”, alerta David Miazzo, Economista Jefe de FADA.
“En momentos como éste resaltan dos grandes problemas del sistema impositivo”, advierte por su parte Nicolle Pisani Claro, economista de FADA. “Por un lado, el federalismo fiscal, ya que con una caída tan profunda de los rindes desaparece un impuesto coparticipable como el impuesto a las ganancias y persisten impuestos que no se coparticipan como los derechos de exportación y el impuesto a los créditos y débitos”.
“Por otro lado, el problema de no contar con una cuenta tributaria única y que los saldos de los distintos impuestos queden estancos y retenidos en AFIP generando un costo para los productores”, agrega la economista. Desde FADA se refieren en particular a los saldos técnicos de IVA que, en momentos de quebrantos generalizados, las empresas agropecuarias acumularán montos millonarios de saldos técnicos de IVA en AFIP, en un año en que muchas de ellas no podrán ni siquiera hacer frente a sus deudas.
De esta manera, y a modo de conclusión según el análisis que se desprende del informe de la entidad, es que en este contexto la sequía dispara la presión impositiva y, como se dijo al principio, el Estado sólo es socio en las ganancias pero no en las pérdidas.
