Las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional ya tienen fecha de inicio y según lo previsto el próximo martes el gobierno nacional presentará la convocatoria formal para el 1 de febrero.
En el temario no figuran ni por asomo el tratamiento de los Derechos de Exportación y es por eso que desde la Mesa Enlace instan al Poder Legislativo a que sean incluidos y debatidos, ya que interpretan que en la actualidad carecen de sustento legal.
En un comunicado firmado por las cuatro entidades del campo, reclamaron que el Congreso Nacional se haga cargo de la situación para que haya “reglas claras y justas”.
Sin sustento legal
Ante la posibilidad del debate legislativo que se abriría a partir del próximo 1 de febrero, y “en el marco de la falta de sustento legal que hoy presenta el impuesto a la retención de las exportaciones, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias le solicita al Poder Legislativo que se haga eco de esta crítica situación institucional que vive nuestro país”.
En un mensaje titulado “Si el presidente no escucha, que el Congreso se haga cargo” los representantes del campo instan a todas las fuerzas políticas legislativas a generar un espacio de debate que resuelva esta situación.
Sucede que desde el pasado 31 de diciembre pasado venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar las alícuotas de los derechos de exportación.
“La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, convierte también en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año”, interpretan desde las entidades.
“En momentos como este, donde la sequía y los incendios están generando pérdidas en varias provincias, este tipo de impuestos de imposición rígida ponen en jaque a muchos productores que aún no saben si van a salvar los costos”, reclamaron.
Por eso, desde la CEEA exhortaron tanto a las autoridades nacionales como a las fuerzas políticas en general “a asumir las obligaciones a su cargo y resolver en forma urgente esta situación”.
“Nuestro país necesita reglas claras y justas que fomenten la institucionalidad democrática”, concluye el comunicado firmado por la Sociedad Rural Argentin (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO).
Proyectos que se tratarían
Entre los proyectos que casi con seguridad llegarán al recinto impulsados por el Gobierno Nacional se destacan la reforma del Consejo de la Magistratura y el Consenso Fiscal 2022 firmado recientemente por los gobernadores.
Por otra parte, también se baraja un paquete de iniciativas económicas que analiza el Ejecutivo y que estaría conformado por la Ley de Hidrocarburos, que propone generar un nuevo marco jurídico que fomente la inversión en gas y petróleo; la Ley de Desarrollo Agroindustrial, que establece un plazo de 10 años para la amortización de las inversiones, el recupero anticipado del IVA, un bono a futuro para la inversión en semillas; la modificación de la ley de Compre Argentino, estableciendo preferencias a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional para entidades de la administración nacional y empresas del Estado.
En el listado también figura el proyecto de ley para fomentar la Producción de Cannabis y Cáñamo, que promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, y estrategias de seguridad, fiscalización y trazabilidad.
También se discutirían la Ley de Electromovilidad, con un plan de incentivos impositivo, exigencias de línea de producción y obligaciones contractuales para los próximos 10 años, y la Ley de Industria Automotriz que buscará declarar al sector Automotriz Autopartista como industria estratégica estableciendo beneficios fiscales para las nuevas inversiones.
En cuanto a los Derechos de Exportación que pesan sobre la producción agropecuaria: Minga!.
*fotografía de portada: extraída del buscador Google
