sábado 21 de mayo del 2022

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Al campo también le interesa: el nuevo Código Penal

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El gobierno nacional sigue avanzando en la reforma del Código Penal. Una cuestión a la que debe prestar atención el conjunto de la ciudadanía, no es tema para unos pocos. Y en el caso del campo, debe preocuparse y ocuparse, porque muchas normas lo van a tocar directamente. 

Durante el fin de semana, el diario La Voz del Interior publicó algunas síntesis del proyecto que se ha entregado a la Presidente Cristina Fernández, haciendo hincapié en dos aspectos: las cuestiones ambientales y los desmontes. Para estos últimos, se proponen penas de prisión.
No son los únicos capítulos trascendentes de la reforma en ciernes, el resultado de cuyo trámite se verá. Pero no hay dudas que la pasividad o la posición contemplativa, no son las recomendables, porque se legislará sobre asuntos de altísima grativación.
Reproducimos dos de los artículos del matutino cordobés. 1) El nuevo Código Penal busca proteger el ambiente; 2) Otra novedad: prisión para el que desmonta.
EL NUEVO CODIGO PENAL BUSCA PROTEGER EL AMBIENTE
*Amplía las conductas consideradas como contaminantes y pena el daño a la flora y a la fauna silvestres. Una especialista cordobesa tiene dudas sobre su efectividad.
*Si se aprueba tal cual está, el nuevo Código Penal argentino incluirá por primera vez delitos contra el ambiente.
El título XI del nuevo texto se llama “Delitos contra el ambiente, la fauna y la flora. El jueves, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió el anteproyecto de la mano de los juristas encargados de redactarlo.
En la presentación, los autores explican que este apartado ambiental concuerda con lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 41º, y con las diferentes convenciones y declaraciones ambientales a las que Argentina adhirió.
El primer artículo de este título (al 204º de todo el Código Penal) se refiere a la contaminación. Esta palabra, ahora tan frecuente, no figura en el actual Código Penal, por lo que representa una novedad.
Una figura parecida en el código vigente es el artículo 200, el cual se refiere al envenenamiento o adulteración de agua potable, sustancias alimenticias o medicinales con riesgo para la salud.
En el proyecto, el daño penado se extiende más allá de la salud humana. Incluye aquellas acciones de polución del agua, aire y tierra que provoquen un “grave riesgo para la salud humana, de mortandad de animales o de alteración o destrucción significativa de la flora”.
En la actualidad, la ley de residuos peligrosos (24.051) reprime con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal al que contaminare “de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general” con los residuos designados como peligrosos por esta norma.
Si se aprueba, el nuevo Código Penal también penará la contaminación con residuos no peligrosos; por ejemplo, los residuos industriales.
La pena por contaminación va de tres a ocho años y se agrava por diferentes motivos. Por ejemplo, cuando la contaminación tornara impropia la ocupación humana de un sitio, impidiera el uso público de cuerpos de agua o provocara el desplazamiento de una población.
Finalmente, otorga un máximo de 30 años de prisión (la pena máxima prevista por el anteproyecto) cuando la contaminación produjera muerte o lesiones gravísimas a una o más personas.
Crítica
Alicia Morales Lamberti, especialista en Derecho Ambiental y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, sugiere que el texto podría no ser efectivo.
“Parece que se ha optado por la protección de ciertos microbienes que integran la noción de ambiente natural (excluido el ambiente social o construido), incluyendo recursos naturales como agua, suelo y aire, mediante la punición de conductas de contaminación de esos bienes”, explica.
Y agrega: “En definitiva, la tutela está dirigida a un bien jurídico tradicional, ya consagrado en el actual código: la salud pública. Aunque ahora incluye también la protección de bienes ambientales como la flora y fauna silvestres”.
Morales Lamberti también cree que se terminan prohibiendo las conductas que “encierran un disvalor apreciable o un daño intolerable para el bien jurídico”. Por ejemplo, para penarla, la acción de contaminar deberá tener aptitud para generar “grave peligro” para la salud humana, de mortandad de animales o de alteración o destrucción significativa de la flora.
Por otro lado, Morales Lamberti no coincide en que hay que penar la contaminación sólo cuando hay “violación de leyes o reglamentos”, como indica el artículo 200 del proyecto.
“Está claro que no necesariamente el cumplimiento de determinada reglamentación significa que se obró conforme a derecho”, comenta. Y agrega: “En materia ambiental, es frecuente que, pese a un estricto cumplimiento de la reglamentación, se genere un riesgo o un peligro grave de bienes ambientales”, explica.
Además, según la especialista, muchas veces adecuarse a las actuales leyes ambientales no es sinónimo de no contaminar. “Esto, debido a que las normas que regulan estándares ambientales (límites de emisiones, vertidos y otros) generalmente son obsoletas e inadecuadas a los nuevos riesgos, o bien, directamente, dichos estándares técnicos no existen”.
Sin novedades en el maltrato animal
Ley Benítez. En la actualidad, el maltrato y los actos de crueldad hacia los animales están penados de acuerdo con la ley 14.346 o “ley Benítez”, de 1954.
Anteproyecto. El nuevo proyecto incorpora este texto al Código Penal sin modificaciones, aunque se aumenta la pena máxima a dos años de prisión.
Crítica. “No se perfecciona ni actualiza el articulado de la ley 14.346 a los fines de adecuarlo a nuevas prácticas de espectáculos públicos, como la jineteada, justificadas en la ‘tradición’”, comenta Morales Lamberti.
Reclamo. Desde algunos sectores proteccionistas, incluso reclaman que se les concedan algunos derechos a ciertos animales, como gorilas y chimpancés.
Incendios penados. El incendio intencional no figura como delito ambiental, sino que sigue en la categoría de estrago (daño de grandes proporciones) y se cataloga como un delito contra la seguridad pública.

OTRA NOVEDAD: PRISION PARA EL QUE DESMONTA
En la actualidad, esta conducta sólo es reprimida con multa o arresto por las leyes provinciales y nacionales. En el actual Código Penal no hay ninguna referencia a este tema.

El artículo 208 del anteproyecto prevé prisión de seis meses hasta tres años a quien en violación de lo dispuesto por leyes y reglamentos “extrajera o utilizare ejemplares (de flora silvestre o acuática) en cantidad no autorizada”.
Y también al que “sin autorización o excediendo la que tuviere” tale bosques o tierras forestales para fines distintos del uso doméstico.
En la actualidad, la ley nacional de protección del bosque nativo (26.331) faculta a las provincia a que determinen las sanciones. En Córdoba, la ley 9.814 prevé multas, suspensión de actividades y arresto de hasta 60 días para el que realice un desmonte ilegal.
También se obliga al infractor a que repare el daño. Es decir, que reforeste el predio desmontado con especies iguales a las extraídas.
El anteproyecto también pena a quienes, infringiendo las leyes, comercien u obtengan otro beneficio de los recursos genéticos de la flora y fauna silvestres.

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