La Filial Córdoba de Federación Agraria Argentina fue la entidad que alertó sobre consecuencias que han derivado de las recientes imputaciones a 5 ingenieros agrónomos.
«Las últimas imputaciones realizadas en el marco de las causa de las pulverizaciones de Barrio Ituzaingó Anexo –informó la entidad- derivaron en la negativa por parte de numerosos ingenieros agrónomos de firmar, a partir de este panorama, las recetas fitosanitarias».
Y agrega:
Los ingenieros afirman que han quedado fuera de todo marco legal ya que las imputaciones se dan en el marco de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos y no en la de Agroquímicos, que es la que regula esta actividad.
La decisión de los ingenieros derivó en que más de 1.200 productores del departamento capital deberán frenar íntegramente la producción agropecuaria y frutihortícola de toda la región por lo que las consecuencias negativas para la comunidad llegarían a niveles insospechados.
Esta situación derivó también en que numerosos productores están convocando a una asamblea general para analizar los pasos a seguir ya que esta decisión frena completamente la producción del sector. Asimismo, ruralistas del interior de la provincia consultaron durante todo el día a sus colegas federados sobre las potenciales soluciones a esta problemática que está creciendo y se mantienen alertas ante una eventual medida de protesta.
Preocupación e interrogantes de los ingenieros agrónomos
Por su parte, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba se hizo eco de la situación, emitiendo una declaración que expresa:
Frente a la profusa difusión periodística de la imputación de cinco Ingenieros Agrónomos, junto a otras personas, por la presunta comisión del delito de contaminación dolosa a través del uso de productos agroquímicos, atento desconocerse la naturaleza de la participación atribuida a los profesionales de la ingeniería agronómica y los hechos concretos en que se fundarían tales imputaciones, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia considera prematuro y extemporáneo pronunciarse sobre el particular en la presente instancia.
Sin perjuicio de ello, exhorta a la opinión pública a reflexionar acerca de las siguientes circunstancias, conducentes al caso:
-1) Que llama la atención la difusión pública de la noticia y de las identidades de los imputados cuando, por el estado procesal de la causa, rige en forma estricta el secreto del sumario en la investigación penal.
-2) Que la revelación de las identidades de los imputados induce a la opinión pública a producir una condena social anticipada que afecta injustamente el buen nombre y honor de las personas involucradas, sin que hayan tenido posibilidad alguna de ejercer su derecho constitucional de defensa en juicio y que, aún cuando ulteriormente se declarase su inocencia, deja en su prestigio profesional y personal secuelas irreversibles.
-3) Que la Constitución de la Nación Argentina no sólo garantiza el derecho a la defensa en juicio y al debido proceso, sino también el principio de inocencia de los imputados, que únicamente cede frente a una condena judicial firme por los delitos que se le adjudican.
-4) Que la prudencia, la mesura y el equilibrio se impone en el tratamiento de una problemática que afecta valores tan trascendentes como la salud humana y la preservación del medio ambiente.
Es función del Colegio el control del ejercicio profesional, promoviendo en toda circunstancia que ese ejercicio se desarrolle dentro de los marcos legales y normativos vigentes.
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