La Cámara adjudica la actual situación al cepo cambiario que «impide que las operaciones inmobiliarias se realicen en dólares, imponiendo cambios de moneda en un mercado que históricamente cotizó# en esa divisa.
Por otro lado, la Ley de Tierras promulgada hace un año «aún no está operativa y no permite que el (inversor) extranjero compre tierras, cualquiera sea su tamaño, utilidad, ubicación y uso».
Tampoco el sector agrícola-ganadero, no obstante «los muy favorables mercados internacionales y las tasas internacionales bajas, no puede capitalizar esa situación mundial y se encuentra con un horizonte poco claro donde los estímulos son limitados».
La entidad se manifiesta convencida respecto a que «si se destraban los impedimentos que hoy persisten, el mercado volvería a trabajar en condiciones normales y habituales». Opina, además, que «para atraer inversiones de largo plazo, hay que generar confianza, estabilidad y seguridad jurídica».
Argentina y los países de la región
Contrató el cuadro de situación argentino con el de otros países de la región, como Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú e inclusive Colombia, en los cuales «la tierra productiva se incrementó durante el año (2012) entre un 7 y un 10 por ciento», a diferencia de la Argentina, donde «fueron muy pocas las operaciones realizadas consignando bajas de precio para las zonas centrales entre un 10 y un 15 por ciento, y para las zonas marginales extra pampeanas, hasta de un 30 por ciento, todos con relación a los valores máximos del año 2011».
La Cámara expresa que «ve con preocupación esta situación que se extiende ya por un período de tiempo excesivamente prolongado».
Y puntualiza: «Esta parálisis inmobiliaria no ayuda fundamentalmente al desarrollo del país, ni a ninguno de sus actores, sean estos intermediarios u operadores del sector agropecuario, y mucho menos a los inversores que desean seguir invirtiendo en tierras productivas».
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