Por otra parte, dos productores de la zona de Alta Gracia interpusieron recursos de inconstitucionalidad de la ordenanza del municipio de esa ciudad que estableció áreas en las que prohíbe las fumigaciones.
Secuestro de máquinas y sanciones
La Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba informó ayer que en un operativo realizado por la Subsecretaría de Fiscalización y Control el martes 20 de noviembre se secuestró una máquina de aplicación terrestre de productos químicos para uso agropecuario (pulverizadora autopropulsada). El procedimiento se llevó a cabo en un campo cercano a la localidad de Saira, en el departamento Marcos Juárez.
Se agrega que «en momentos en que un equipo de inspectores de la cartera desarrollaba controles en la zona, sobre la ruta 12, se detectó la máquina en un establecimiento rural. En la inspección se comprobó que si bien la máquina y el operario estaban habilitados y poseían sus respectivos números de registro, la pulverización se estaba llevando adelante sin la receta fitosanitaria. Por esta violación a la normativa vigente, la multa puede llegar hasta el valor de 25 mil litros de gasoil».
Ley provincial de agroquímicos
La información recuerda que la ley provincial 9164 de productos químicos y biológicos de uso agropecuario obliga a contar con el mencionado instrumento legal (receta fitosanitaria), prescripto por un ingeniero agrónomo habilitado como asesor fitosanitario, para todas las aplicaciones, sean periurbanas o no. Por este motivo se labró un acta de constatación, se intimó al cese inmediato de la aplicación y al retiro del campo de la maquinaria con todos sus elementos, para su posterior secuestro por parte de las autoridades provinciales.
A partir de ahora, se siguen los procesos administrativos correspondientes, a la espera de que el Ministerio de Agricultura, como autoridad de aplicación, defina qué tipo de sanción se le impone al propietario del establecimiento rural y de la máquina aplicadora.
Segundo operativo
El miércoles 21 de noviembre se dio un caso similar en un camino rural situado a 8 kilómetros al norte de Monte Cristo. En esta ocasión, con el agravante de que ni la máquina ni el operario contaban con la inscripción correspondiente, consignó el informe oficial.
(La fotografía que se publica en esta página web fue proporcionada por la Oficina de Prensa del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba).
Incidentes en Malvinas Argentinas
También ayer se vivió una tensa jornada en la localidad de Malvinas Argentinas, en la periferia de la ciudad de Córdoba, en cuyas adyacencias se está empezando a construir una planta de procesamiento de semillas de maíz de la empresa Monsanto.
El proyecto empresario es resistido por un sector de la población, que demanda la realización de una consulta popular para definir si se acepta la radicación o se la expulsa.
Ayer, el Concejo Deliberante se reunió para tratar el tema. Durante la sesión, grupos de manifestantes atacaron el edificio, rompiendo a pedradas la puerta de ingreso. La intervención de efectivos de la Guardia de Infantería de la Policía, restableció el orden en el lugar. Aunque se mantuvo un denso clima.
El Concejo terminó rechazando la exigencia de la consulta popular.
Otro de los planteos que incluía la postura del sector de vecinos que se oponen a Monsanto fue también desestimado por el Concejo: propiciaba la creación de una zona «de resguardo ambiental» para la aplicación de agroquímicos de 2.500 metros del ejido municipal de Malvinas y de 5.000 metros dónde hubiere escuelas periféricas.
Los concejales consideraron excesiva esas distancias y repararon que ya hay ordenanzas vigentes que prohíben pulverizar entre los 150 a los 500 metros, respectivamente.
El intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, reiteró que todavía «no existe ninguna autorización» municipal para que Monsanto se instale en la localidad y que para que ello ocurra es preciso aguardar que la Secretaría de Ambiente provincial se expida sobre el impacto ambiental que causaría la planta de procesamiento de semillas de maíz (no se trata de una fábrica de agroquímicos).
Planteos de inconstitucionalidad
Dos productores interpusieron un planteo de inconstitucionalidad de la ordenanza que recientemente dictara el municipio de la ciudad de Alta Gracia por la cual se prohibe todo tipo de fumigaciones agrícolas en los 1.500 metros aledaños al radio urbano. Solicitaron la suspensión de la disposición.
En su presentación ante la Justicia sostienen que los municipios y comunas no tienen potestad para sancionar normas propias con restricciones mayores a las que impone la ley provincial de agroquímicos.
En Córdoba, una veintena de localidades y ciudades han dictado normas que establecen prohibiciones o restricciones para las pulverizaciones con agroquímicos en torno a las áreas urbanas. Las limitaciones son variables pero en términos generales se basan en 1.500 metros.
En Villa Ciudad Parque, departamento Calamuchita, un productor obtuvo una medida cautelar en los tribunales de Río Tercero. También en este caso planteó la inconstitucionalidad de una resolución comunal.
