lunes 23 de mayo del 2022

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Juicio por agroquímicos en Córdoba: un fallo y un proceso para ponerse a pensar, más bien pronto que tarde

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A los dos condenados se les impusieron 3 años de prisión en suspenso, inhabilitación por 8 y 10 años para la aplicación de productos fitosanitarios y trabajos no remunerados. La atmósfera que rodeó al fallo

Grupos ambientalistas, políticos y funcionarios del gobierno nacional, hicieron una larga vigilia –desde el lunes a la tarde- a la espera del fallo, tuvieron una alta presencia en los medios de prensa y terminaron manifestando su disconformidad con la decisión del tribunal, a la cual, algunos incluso repudiaron. No se entendió bien que organizaran una suerte de festejo –bailes, canciones y otras exteriorizaciones- para una circunstancia tan dramática. Otros exponentes de los mismos grupos, consideraron un triunfo que la causa llegara a juicio, independientemente de su resultado. Medardo Avila Vázquez, quien actuó como querellante en la causa, destacó que aunque los acusados no vayan a prisión, el tribunal sentó un precedente, pues el suyo constituye»un fallo histórico: si bien la condena es de cumplimiento condicional, quedó clarísimo que es un delito. Podría haber sido un poco más, puede que la gente no se sienta respondida por esto, pero es un paso muy grande el que hemos dado».

El sector agropecuario, luego de un pronunciamiento de Federación Agraria –a la cual están afiliados los productores- al principio del juicio, se llamó posteriormente a silencio. «Por prudencia, para no entorpecer el proceso, no por convalidar aquello de «el que calla, otorga»», puntualizó anoche un dirigente agrario.

Lo que debe quedar bien precisado y circunscripto es que las infracciones juzgadas se refirieron a que los acusados no observaron las distancias exigidas por las normas vigentes respecto a las áreas urbanas y tampoco los productos agroquímicos autorizados, provocando entonces contaminación sancionada por la ley

El juicio se origina en el llamado caso de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba, parte de cuya población denuncia que decenas de muertes por cáncer o deformaciones en recién nacidos y otros males, son consecuencia de las aplicaciones de agroquímicos en campos contiguos a esa área urbana. Otras interpretaciones –no muy escuchadas durante estas semanas- adjudican el problema a otras fuentes de contaminación.

La resuelta ayer no es la única causa que se ha instruído: hay otras en curso. La más importante es la investigación que apunta a relacionar (o precisar) las muertes por cáncer con los agroquímicos que, en este caso, son juzgado como agrotóxicos.

El fallo obliga a productores y entidades, cuanto menos, a pensar. Sobre qué se está haciendo, qué se está omitiendo hacer, las responsabilidades que se tienen, los derechos que igualmente asisten, las leyes y normas vigentes, qué se cumple bien y qué no, y la campaña que, también, se ha montado a partir de este juicio.

La sentencia contuvo una absolución y dos penas condicionales (en libertad). No pareciera mucho y sugeriría que no había demasiado por cargar sobre las espaldas de los acusados. Tampoco es poco, si se lo examina desde otro ángulo y en particular de quiénes deberán sobrellevar las sanciones. No es una conclusión acomodaticia: nuevamente, con prudencia, es una invitación a pensar.

La sentencia

El tribunal demoró más de 5 horas en dar a conocer su dictamen. Evidencia que resultó ardua la toma de decisión por parte de los camaristas Lorenzo Rodríguez, Mario Capdevila y Susana Cordi Moreno , que votaron en algunos puntos en disidencia.

En primer término, la Cámara resolvió «absolver por unanimidad a Jorge Alberto Gabrielli y Edgardo Jorge Pancello en el hecho que se les atribuía en el hecho tercero de la acusación que fuera calificado como delito de contaminación ambiental por residuos peligros, infracción a la ley 24051 en el grado de instigador y autor respectivamente».

En segundo lugar, la Cámara declaró «por unanimidad a Francisco Rafael Parra autor penalmente responsable del delito previsto por el artículo 55 de la ley de residuos peligros, Ley 24051, en forma continuada, artículo 55 contrario sensu del Código Penal, hecho primero de la acusación; y por mayoría, autor del delito previsto por el articulo 55 de la ley de residuos peligrosos, Ley 24051, hecho nominado segundo de la acusación». Se le imponen la pena de 3 años de prisión en forma de ejecución condicional, 4 años de trabajos no remunerados, durante 10 horas semanales fuera de sus horarios de trabajo a favor del Estado o instituciones de bien público vinculadas con la salud. Si transgrediera algún punto de la sentencia se lo apercibe de «revocar la condicionalidad de la condena». Además, se le dictó inhabilitación especial por el término de 8 años para el ejercicio de las actividades de aplicación de productos agroquímicos.

Por el tercer punto de la sentencia, se declara «por mayoría a Edgardo Jorge Pancello coautor responsable del delito previsto por el artículo 55 de la ley de residuos peligros, ley 24051, hecho nominado segundo de la acusación». Se le imponen la pena de 3 años de prisión en forma de ejecución condicional, 3 años de trabajos no remunerados, durante 8 horas semanales fuera de sus horarios de trabajo a favor del Estado o instituciones de bien público vinculadas con la salud. Si transgrediera algún punto de la sentencia se lo apercibe de «revocar la condicionalidad de la condena». Además, se le dictó inhabilitación especial por el término de 10 años para el ejercicio de las actividades de aplicación de productos agroquímicos.

El tribunal informó que los fundamentos de su decisión serán dados a conocer el 4 de septiembre a las 12,30 horas.

Residuos peligrosos

La Ley 24.051 fue sancionada en diciembre de 1991 y promulgada en enero de 1992. Trata sobre «la generación, manipulación, transporte tratamiento y disposición final de residuos peligrosos».

El artículo 55 establece que «Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o, el ambiente en general».

Tiene un agregado que estipula que «Si el hecho (es) seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión o prisión».

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