lunes 23 de mayo del 2022

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Se sancionó en Uruguay la ley que impone un tributo a campos de más de 2.000 hectáreas

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El impuesto fue aprobado en el Senado con los 16 votos del oficialismo, mientras que la oposición rechazó la iniciativa con 11 votos, tras cinco horas de debate. La norma había recibido media sanción en la Cámara Baja en noviembre.

El tributo fija una tasa progresiva en función de la cantidad de hectáreas por contribuyente y su eficiencia en base a un índice que mide la capacidad productiva en carne y lana.

Desde U$S 7,75 a 15,65

Los propietarios de campos que tengan una extensión de entre 2.000 y 5.000 hectáreas con una productividad determinada por la ley, o el equivalente en hectáreas según ese índice, tributarán 7,75 dólares por hectárea.

Quienes posean tierras de entre 5.000 y 10.000 hectáreas o el equivalente según la productividad pagarán unos 11,60 dólares, mientras que aquéllos que sean dueños de más de 10.000 hectáreas deberán abonar unos 15,65 dólares.

Conforme a estimaciones del gobierno uruguayo, el nuevo impuesto alcanzará a menos de 1500 de los más de 50.000 productores del país y permitirá recaudar unos 60 millones de dólares anuales que serán destinados obras rurales en los departamentos del interior del país.

«No es un impuesto al sector agropecuario sino al 2 por ciento de sus establecimientos que explotan más de un tercio de su superficie. No es por tanto un impuesto a la propiedad en sí misma, sino a su concentración», dijo en la sesión parlamentaria el senador del oficialismo Héctor Tajam.

Valuación fiscal y precio de mercado

En los fundamentos del proyecto se señala que «la valorización de la tierra en Uruguay no se ha reflejado fiscalmente» y que, además, ha provocado una distorsión que se ha traducido en el desplazamiento de pequeños productores.

La Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Federación Rural y otras entidades se manifestaron en contra del tributo por considerar que se cambian las reglas de juego que –sostienen- el presidente Mujica había prometido.

También lo censuraron los legisladores de la oposición manifestando una posición coincidente con la del compañero de fórmula de Mujica, el vicepresidente de la República, Danilo Astori. Juzgó que el impuesto conseguirá un efecto contrario al buscado y que conspira contra el clima de negocios e inversiones. Sin embargo, luego de una negociación con el presidente terminó acompañando el proyecto por «lealtad partidaria e institucional».

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