El lunes, a raíz de las medidas de fuerza dispuestas por FETRA (Federación de Transportadores Argentinos), el Secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, funcionarios de la AFIP y de otros órganos del gobierno nacional, apuraron un acuerdo con aquélla entidad para conseguir un levantamiento del bloqueo impuesto a puertos cerealeros.
El acta suscripta contempló un «piso básico tarifario» para el transporte de granos, subproductos y fertilizantes, el cual «será obligatoriamente consignado en la Carta de Porte» de la carga.
También se incluyó una cláusula por la cual se convino tratar el establecimiento de «un sistema de distribución de cargas en épocas de pos cosecha» en el ámbito de una Comisión de Trabajo.
Ésta, además, servirá para que el gobierno y FETRA trabajen «en conjunto en la elaboración de un proyecto de ley nacional para la regulación del transporte de granos, el que será introducido en forma conjunta en el Congreso de la Nación».
Rechazan validez del acta
Ese acuerdo provocó una airada reacción de las entidades del campo, los acopiadores y la entidad gremial de mayor representación del transporte de cargas.
Así fue que Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO, Sociedad Rural Argentina, Federación de Acopiadores y Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas, coincidieron en una declaración conjunta en la que fijan «su rechazo y niegan la validez del acuerdo».
Puntualizan que FETRA «nuclea a algunas empresas transportistas de cargas».
Luego, el comunicado expresa:
«En primer lugar, el acuerdo es claramente violatorio de la ley que rige el autotransporte de cargas en el orden nacional donde se sostiene la libertad de tarifas y contratación como bases fundamentales de sus disposiciones, al igual que en todas las legislaciones provinciales. Es de toda nulidad cualquier acto que obligue al Estado a quebrantar una ley nacional y más aún, la Constitución Nacional.
Frente al mismo conflicto, la Provincia de Buenos Aires no dudó en poner en funcionamiento sus institutos legales, logrando por unanimidad un dictamen de su Comisión Asesora, integrada por las entidades históricamente representativas de los transportistas y dadores de carga, donde se ratificó el carácter orientativo de un nuevo cuadro tarifario, en consonancia con lo establecido por la legislación vigente.
Apelar a estas viejas recetas de tarifas obligatorias y distribución forzada de cargas constituye un recurso conocido y peligroso por su efecto imitación. La estrategia consiste en amenazar con una supuesta insolvencia empresaria y sus consecuencias laborales, para encubrir lo que verdaderamente se pretende, que es proteger la ineficiencia de algunas empresas, quizás inviables, atentando así contra la productividad y el crecimiento sostenido del sector.
Por todo lo expuesto, se impone rechazar por inconstitucional e ilegal el acto administrativo referido, no dudando en recurrir a los medios legales pertinentes para lo cual se formula las reservas del caso».
