Por Osvaldo Barsky |
Para LA NACION
El inicio del debate en las comisiones de la Cámara de Diputados del proyecto del Poder Ejecutivo que impone limitaciones a la compra de tierras por personas físicas o jurídicas extranjeras, aún las que tengan domicilio en el país, nos ubica frente a una temática compleja que no puede abordarse desde los principios generales de la Constitución que sí lo permiten, o desde una mirada extrema que impida la radicación de individuos y empresas extranjeras, en un país cuyo desarrollo agropecuario se gestó desde su origen en estos procesos.
La activa presencia de China en las compras de tierra en Africa e intentos similares en Brasil ha reactualizado esta problemática, dado que frente a la escasez de recursos naturales a nivel mundial, nos encontramos ahora con un Estado nacional de gran poderío impulsando directamente estas adquisiciones, lo que, a diferencia de otros inversionistas, implica una lógica de Estado, no necesariamente compatible a largo plazo con las de nuestra nación.
El país carece de información confiable sobre las propiedades extranjeras de tierras rurales. La Fundación Pensar sobre la base de datos ciertos ha relevado 5.800.000 hectáreas, lo que sería un 3,4 por ciento del total. Federación Agraria Argentina lo estima en 17.000.000 de hectáreas, pero en sus estudios no identifica el origen de sus estimaciones. De todos modos, el límite propuesto por el proyecto de ley de un 20 por ciento (unas 34.000.000 de hectáreas) supera ampliamente esas cifras.
El proyecto crea un Registro Nacional de Tierras Rurales y dispone la realización en 180 días de un relevamiento catastral y dominial. Esto último parece ignorar el gran atraso de muchas provincias en este tema, lo que ha trabado la adjudicación de tierras a los precaristas y que implica un alto costo para concretarlo.
En un país donde la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) implicó la destrucción del Censo Nacional Agropecuario de 2008 y de las encuestas anuales agropecuarias, la concreción del objetivo señalado parece dudosa y haría diluir el tema. Quizá sería más útil a los fines del proyecto tener en cuenta experiencias como la de Estados Unidos, que tiene una oficina (Afida, por sus siglas en inglés) con un sistema nacional que recoge información sobre las propiedades extranjeras en tierras rurales.
Esta necesaria actualización legislativa debería, sin embargo, tener en cuenta a las inversiones extranjeras y las migraciones, que han tenido importancia en desarrollos recientes del agro nacional. De ahí que no parezca razonable poner un límite arbitrario de 1000 hectáreas, confusamente vinculado con lo que se denomina en el proyecto «parámetros complementarios», que no se entiende si permiten superar este límite o hacerlo disminuir aún más, sin tener en cuenta la enorme disparidad de potencial productivo entre las distintas regiones del país. Otros países, como Brasil, imponen restricciones utilizando un número determinado de módulos que varían según las zonas productivas.
Como vemos, una iniciativa plausible, pero que requiere de un intenso debate y de una implementación compleja a la altura de la importancia de la temática.
El autor es investigador principal del Conicet
