La jueza Claudia Zalazar dictó una medida cautelar, de no innovar, en relación a una presentación por inconstitucionalidad interpuesta por la Cámara Empresaria del Transporte Automotor de Córdoba (Cedac).
Los decretos cuestionados –cuando fueron promulgados no sólo por esa entidad sino por el conjunto de las entidades de la producción, la comercialización, la industria y entidades que nuclean a empresas propietarias de camiones- fueron el 560 con el que se procuró corregir uno anterior.
Se espera ahora que la magistrada se pronuncie sobre la cuestión de fondo, probablemente en un par de meses.
Rolando Pérez, presidente de Cedac, dijo que el decreto objetado «soslayaba la competencia de la Nación, que es la que rige sobre normas de comercio» pero fundamentalmente porque interviene «en cuestiones comerciales».
Se refiere, específicamente, a la asignación de cargas por los llamados Centros de Registro de Datos de cada localidad. Los dadores de carga defienden la libertad de contratación.{jcomments off}
