Repasando los diarios de ayer domingo, hubo una nota que nos llamó la atención en la página 30 del Diario La Nación.
En la misma se aborda un tema por demás cadente para el sector agropecuario como es el uso de fitosanitarios y su judicialización por parte de colectivos sociales que se catalogan como “ambientalistas”, como así también la presentación de propuestas para restringir o prohibir su uso, con cierto oportunismo político o dejándose llevar por el termómetro social, presentadas en concejos deliberantes, legislaturas provinciales o en el Congreso.
De mientras, en el medio quedan los productores agropecuarios como los «malos de la película». Basta como botón de muestra, la situación reflejada ayer por la tarde por el periodista Gustavo Matheu (Radio Mitre Córdoba) en Dique Chico a 50 km de la capital, donde un grupo de productores se manifestó encadenándose (Ver Foto al Final) en inmediaciones del edificio comunal solicitando la atención de la autoridades provinciales, a raíz de una medida del jefe comunal que los obligaría a cambiar el uso de su tierra a pesar de que manifestaron estar inscriptos en el Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias.
A continuación el editorial del Diario La Nación (la negrita nos pertenece)
Altos magistrados de la Nación se quejan con no poca razón, desde hace tiempo, de la creciente litigiosidad en la Argentina. La Corte Suprema de Justicia lo testimonia como nadie: mientras aquí llegan a su conocimiento miles de causas, en los Estados Unidos en la instancia equivalente se consideran unos cien casos por año. Se trata, en el fondo, de cambiar aquella cultura insostenible para el buen funcionamiento de la Justicia y el orden normal entre privados.
Novedoso y muy inquietante es el tema de la judicialización de conflictos por fumigaciones en el ámbito rural. Si algunas personas pusieran tanto empeño en denunciar en sus comarcas el narcotráfico o la corrupción administrativa o policial, habría bases más sólidas para la esperanza de que el país deje de estar, como se halla desde tiempo inmemorial, al margen de la ley.
El espíritu de litigiosidad encuentra fomento natural en causas múltiples: una es la cultura del chivo expiatorio, por la que es difícil aceptar la existencia de un grado de inevitable responsabilidad individual en el curso del propio destino. Además, cuando la educación pública flaquea, como ocurre a raíz del dramático retroceso habido en las últimas décadas en nuestras aulas y en los hogares hostiles al maestro riguroso en la enseñanza, cunde la mistificación, otorgándose valor extraordinario y de generalidad a hechos aislados, que deben examinarse según sus propias circunstancias.
Así se ha colocado en la picota, cada vez con mayor gravedad, a los agroquímicos sin los cuales un mundo con hambre estaría mucho más hambriento de lo que se encuentra ahora. En tal sentido, recientemente consiguió despacho favorable en la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto impulsado por el Frente Renovador para prohibir el uso y venta de un herbicida.
Casi todas las clases de vehículos contaminan el ambiente en mayor o menor grado; con pocas excepciones, los artefactos eléctricos o a gas que se utilizan en los hogares podrían producir, en el extremo de la interpretación, catástrofes si no se cumplieran con normas elementales que autorizan su funcionamiento. Nadie en un estado mental sano se atreve, sin embargo, a demandar una erradicación que nos borrara de la modernidad.
Nada de esto impide señalar la responsabilidad que cabe a quienes hacen uso indebido de elementos químicos indispensables para la productividad agrícola. Las normas deben cumplirse, y si resultaran irrazonables en uno u otro sentido, correspondería su replanteo. En estos momentos hay denuncias periodísticas y en sede judicial en varias provincias por la violación de reglas en vigor en las respectivas sedes para la aplicación de agroquímicos: distancia de los centros urbanos, información anticipada del horario de realización de tareas o suministro a la autoridad fiscalizadora de las coordenadas concernientes a los lotes en tratamiento.
La Corte Suprema acaba de rechazar el recurso de queja interpuesto por un productor agropecuario y un piloto de avión contra la sentencia de prisión condicional por tres años dispuesta por la Cámara número 1 del Crimen de Córdoba por fumigaciones peligrosas en campos próximos al barrio Ituzaingó, al sureste de la capital. La Corte se atuvo a fundamentar su posición en que el delito imputado no constituye «un agravio federal». Los abogados de la defensa hicieron saber que apelarán ante organismos internacionales pues los demandados -insistieron habían acatado las normas. La sentencia los condenó, además, a realizar trabajos comunitarios de 10 horas semanales durante 4 años y a una inhabilitación especial de 8 y 10 años.
Concepción del Uruguay ha sido estos días escenario del primer juicio oral de ese tipo en Entre Ríos. Fue contra el titular de una empresa fumigadora, el dueño del campo y el piloto de la aeronave involucrada en la denuncia por transgresiones a metros de una escuela de las regulaciones sobre aspersiones aéreas. La Federación Agraria de Entre Ríos ha dicho, no sin sensatez, que la justicia debe probar de «manera técnica» si se infringió la ley, y no según el humor social. Ha sido una advertencia oportuna de la entidad frente a ese juicio movilizado por una Asociación Gremial del Magisterio. No había que escarbar mucho hacia dónde ésta había apuntado bajo el impulso de «Paren de Fumigar las Escuelas». Lo hizo en carácter de «colectivo social», curiosa expresión acuñada por organizaciones de base lanzadas a campañas de pulsión pública. Tampoco las autoridades de la filial provincial de la Federación Agraria se quedaron cortas en la mistificación del conflicto: «No somos de la corporación sojera, somos pequeños y medianos productores que quieren que las cosas se hagan bien», dijeron en defensa de los incriminados. Como si la magnitud de las siembras o la especificidad de lo que se cultiva predispusiera a la violación de la ley.
Las prácticas agronómicas autorizadas en gran parte del mundo no pueden producir aquí perjuicios que no se advierten fuera de nuestras fronteras. Otro tanto ocurre con los alimentos transgénicos, objeto de campañas mundiales de descrédito aun cuando hayan estado presentes en trillones de comidas sin que se verifiquen peligros por ingesta. Pero todo esto es a condición de que productores, comercios y profesionales se atengan a lo que se ordena en municipios, provincias y Estados nacionales. Es verdad que en la Argentina muchas reglas difieren de jurisdicción en jurisdicción, como la que establece restricciones para fumigar dentro de radios de 50 o 100 metros de cascos urbanos, o de 1000 metros, en la exageración de otros. No será por incumplimiento deliberado de las normas que deberán resolverse estas cuestiones, sino por el debate civilizado en la sociedad y la ulterior decisión de los cuerpos competentes del Estado.
Lo peor de todo sería que una nueva mistificación prosperara sin contención alguna de los criterios lógicos, la certeza científica y la experiencia comparada en países de los cuales no podría decirse que funcionan con sistemas de valores sociales menos exigentes que el nuestro. Así nos va, así les va.
Productores manifestando en Dique Chico
*Foto: Gustavo Matheu (cuenta de Twitter)
